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Saglione y Geese explicaron la incidencia de la segmentación de tarifas

por Ayelen
El ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, y la ex secretaria de Estado de Energía provincial, Verónica Geese, brindaron una charla sobre la segmentación de tarifas recientemente anunciada por el gobierno nacional e implementada en Santa Fe por la EPE.

 

 

La actividad fue impulsada por la Unión de Comerciantes de Esperanza UCOEs, la Sociedad Rural Las Colonias y la Vecinal Centro cuyas autoridades fueron las encargadas de dar la bienvenida a los asistentes a la charla.

 

 

En diálogo con la CSC Radio, Saglione indicó que “se trata de explicar  cómo esta decisión se da en el marco de un contexto económico, tratar de explicar el origen de la necesidad de estar revisando los subsidios energéticos por un lado, dado el impacto fiscal que eso tiene para el gobierno nacional; y por otro lado, ver cuál es el impacto esperado del incremento en el precio  de la energía que van a pagar familias, empresas, industrias, comercios”.

 

 

 

Al respecto, señaló que “la posibilidad de evitar el incremento, es decir sostener el subsidio que hoy viene otorgando el gobierno nacional obliga a estar informado, a tener capacidad de operar en un sistema informático, a través de la web, y también poner aspectos que hacen a la vida económica de las familias”.

 

 

lo cierto es que hoy, de acuerdo a la última información que dio el presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPE), aproximadamente la mitad de los usuarios de EPE quedarían fuera del beneficio del subsidio, es decir que sentirían plenamente el incremento de la tarifa que se va a dar en tres momentos: ahora se retira un 20% de subsidio, un 40% de subsidio se retira en noviembre y ya la factura de enero de 2023 –de no mediar cambios a esa fecha- sería sin subsidio alguno”.

 

 

Explicó que la quita del subsidio “es simplemente el traslado a la tarifa final de lo que significa que EPE compre la energía más cara a lo que venía comprando, ya que la energía que EPE nos vende a los usuarios se la compra en el mercado eléctrico mayorista a una empresa, la cual la vendía mucho más barata de lo que costaba generarla gracias a un subsidio nacional. Ahora, esta quita de subsidios lo que hace es que EPE compre más cara la energía que vende. Y si EPE tiene incrementos en sus propios costos de distribución, a este incremento en la tarifa final hay que agregarle el impacto que tenga el famoso VAT (Valor Agregado de Distribución) que es el componente de la estructura de costos de EPE que corresponde a la propia tarea de EPE que es la distribución”.

 

 

 

En referencia a los incrementos de tarifas para el año próximo, señaló que “el presupuesto 2023 de EPE duplica al de 2022 con lo cual estamos hablando de que, en promedio, es de esperar que la tarifa sea el doble que la de este año, pero muchos van a tener subsidios con lo cual para algunos no va a llegar a ser el doble pero para otros va a ser mucho más que el doble”.

 

 

Consultado por los costos del servicio de agua, indicó que “es diferente porque el agua no tiene subsidio nacional” y ante ello apuntó que “en esto venimos planteando desde hace largo tiempo la inequidad que hay en materia de distribución de subsidios nacionales, en este caso vinculados a los servicios sanitarios tanto de agua como de cloacas”.

 

 

Al respecto, explicó: “Solamente Aysa que es la empresa que brinda servicio de agua potable en el conurbano bonaerense, la empresa presidida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, recibe subsidios nacionales para que los usuarios paguen una tarifa más baja. En 2021 –todavía no hay datos de 2022 cerrados- todos los argentinos le pagamos a Aysa vía presupuesto nacional y vía impuestos nacionales 127.000 millones de pesos de subsidios a una empresa que sólo le da agua y desagües cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ASA que es la empresa que hace lo mismo en 15 localidades santafesinas recibe cero pesos de subsidio del gobierno nacional. Lo mismo sucede con las empresas prestadoras de todo el interior del país, donde los usuarios nos hacemos cargo de pagar el servicio mediante las tarifas. Mientras tanto, en el AMBA la mayor parte del costo de Aysa no lo pagan los usuarios, lo pagamos el resto del país”.

 

 

“Lo mismo sucede con el transporte público, donde es mucho más evidente y más visible porque es fácil de comparar: un boleto de colectivo en la mayoría de las ciudades del interior del país, como las ciudades santafesinas, está en 85 o 100 pesos mientras que en el AMBA se pagan 25, 30 o 35 pesos según la distancia recorrida. Y quien pone la diferencia somos todos los argentinos pagando impuestos nacionales que luego se direccionan a esa zona del país”, concluyó.

 

 

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