El secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, explicó el veto que la intendenta impuso a una modificación a la ordenanza de vendedores ambulantes que impulsó el Concejo Municipal.
El funcionario de Ana Meiners dijo que “tras la pandemia y con la apertura de actividades se comenzó a ver más cantidad de vendedores ambulantes locales y foráneos en la ciudad, y eso llevó a la necesidad de analizar la mejor manera de abordar esta problemática que no es solo de Esperanza sino de todo el país”.
Ante esto, señaló que “se emitió un decreto reglamentario en abril pasado sobre venta y compra ambulante –suele circular un camioncito que compra cosas- que no estaba regulada por la ordenanza del año ´91-’92, se establecieron sanciones estrictas y multas, capacidades de actuación de Orden Público y Fiscalización” y de este modo, sostuvo que “la impronta municipal en la calle se empieza a ver mucho más”.
Al respecto, aseguró que “para generar una política pública hay que tener una ordenanza o un decreto que posibilite articular las capacidades de actuación” y criticó que “se comenzó a trabajar con este decreto reglamentario que es innovador, que da soluciones, que es necesario y que permite tener presencia e impronta dentro de la ciudad, pero con posterioridad nos encontramos con una ordenanza que en su artículo 2 textualmente establece: «Prohíbase la venta ambulante, salvo o con excepción de aquellos que tengan domicilio real en la ciudad de Esperanza y se encuentren debidamente registrados”.
En tal sentido, cuestionó que “esto no ataca para nada el comercio informal e ilegal, no ataca para nada la sensación de que el foráneo puede venir a espiarnos para querer robarnos. Lo único que hace es restringir el comercio registrado ambulante prohibiéndolo para los foráneos; entonces la persona que hoy está registrada pero vive en Recreo, Santa Fe, Rafaela, Grutly, o cualquier otro lado fuera del ejido urbano de Esperanza, si no se muda con su familia, consigue escuela a sus chicos, y demás no podrá seguir trabajando. Y eso no es una solución coherente ni para la inseguridad ni para una ciudad de unos 53.000 habitantes que no se puede comparar para nada con un pueblo de 2.000 o 3.000 habitantes”, explicó.
El delirio es total
Los concejales que conforman el grupo de «nuevos amigos políticos» sancionaron una ordenanza que prohíbe la venta ambulante de foráneos sin tomar en cuenta lo dictado por la Constitución Nacional. Cammisi, Muller, Bonvín y Puig ocuparon horas enteras en los medios de comunicación explicando las bondades de su genialidad legislativa que fue vetada en las últimas horas por la intendenta Ana Meiners.
La jefa comunal además les toma examen a los concejales y les pregunta cual es el sustento jurídico que utilizaron para esa legislación. Casi sobrándolos.
En el concepto de los concejales revolucionarios, los vendedores ambulantes que llegan desde otras ciudades forman parte de trabajos de inteligencia para cometer delitos, colocando a todos en el mismo lugar, estigmatizándolos. Los vendedores ambulantes preguntarían porqué ellos no pueden trabajar en Esperanza y sí pueden hacerlo los médicos, los periodistas, los ingenieros o los docentes que pueden llegar desde otras ciudades.
Sobre los vendedores ambulantes se deben profundizar controles y hacer cumplir las ordenanzas. También es peligroso que Meiners legisle por decreto, pero es responsabilidad de los políticos llegar a acuerdos. Hoy no parece ser lo más importante.
Una sola foto de un florista que hace años recorre la ciudad cada sábado desnudó la inconsistencia intelectual y jurídica de los concejales desesperados por un voto. Con la ordenanza impulsada por Juntos por el Cambio el florista de los sábados debería venir a vivir a la ciudad.
Con cinco concejales que ratifiquen la ordenanza, la misma quedará vigente y los juicios y amparos legales que llegarán a la municipalidad se multiplicarán a costo económico de todos los esperancinos.
j.z.
