La Ley Provincial N° 10.396 establece que el Defensor del Pueblo y los adjuntos son designados por el Poder Ejecutivo, con Acuerdo de la Asamblea Legislativa. En uso de esa atribución y de acuerdo al decreto reglamentario 3053/08, el gobernador Miguel Lifschitz postuló a Lamberto.
La única impugnación que recibió el pliego estuvo a cargo del diputado Roy López Molina, para quien la Defensoría del Pueblo ‘es un organismo que debe ser prestigiado con el único fin de beneficiar a la población y no un mero acto de amparo político”.
El diputado del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Cavallero, también votó en contra de la designación de Lamberto. “Me quedan sensaciones encontradas malas. Creo que los organismos de control tienen que estar en mano de la oposición o de gente que trasciende por sus condiciones éticas, morales y su idoneidad”, sostuvo en declaraciones a Aire de Santa Fe.
En esa misma línea, el legislador consideró que “no puede ser que un miembro del partido gobernante sea, a su vez, integrante de un organismo que tiene que controlar a sus propios compañeros de militancia después de 40 años. Eso no ayuda a la democracia –resaltó–,ni tampoco a la credibilidad de las instituciones de la democracia. Hoy, la Legislatura santafesina ha cometido un error”, definió Cavallero.
Lamberto tiene 66 años, es abogado y militó durante toda su vida en el Partido Socialista.Entre otros cargos que desempeñó, fue Secretario de Gobierno y Cultura de la ciudad de Rosario (1989-1993), concejal en esa misma ciudad (1995-2003), diputado provincial (2003-2012) y ministro de Seguridad de la provincia (2012-2015).
