A mediados de enero, el ministro de Planificación Federal Julio De Vido aseguró que las distribuidoras de energía provinciales que aumentara sus tarifas verían reducido, en la misma proporción, el subsidio que reciben del Estado nacional. Hasta la semana pasada, el anuncio de De Vido había quedado reducido a una amenaza. Sin embargo, la advertencia se corporizó en dos resoluciones que recibió el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente en el que dejan sentado que la EPE recibirá una multa que –según el titular de esa cartera, Antonio Ciancio– roza los 36 millones de pesos. Esta misma sanción recibió hace 15 días la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba, que también como en el caso de Santa Fe realizó un ajuste tarifario.
El tirón de orejas de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que se enmarca en la resolución 870 y 1301 de 2011, se produce en un verano complicado para la EPE, con cortes de luz y deficiencias en el servicio casi permanentes, que han provocado enérgicas protestas en las dos principales de las ciudades de la provincia, como Santa Fe y Rosario. El gobierno provincial ataja las críticas con el argumento de que se está revirtiendo el extenso proceso de desinversión que enfrentó la empresa, pero que es algo que lleva tiempo. Ya nadie quiere aventurar fechas ni dar demasiadas precisiones sobre el fin de los apagones, porque parece ser un boomerang que vuelve a toda velocidad.
Cammesa es proveedora –con tarifas subsidiadas– de la Epe, desde noviembre de 2001, a través de la resolución 8572 exige que todos las modificaciones en las tarifas a consumidores finales deben ser justificadas, en medio del plan de ajuste de los subsidios que viene aplicando la Casa Rosada.
Durante enero, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, le envió una nota a Cammesa, referida al suministro de información por parte de las empresas distribuidoras, sobre “distintos conceptos asociados al funcionamiento de los servicios de distribución de energía, como así también de cualquier cambio que se produzca en los cuadros tarifarios que son aplicables a sus usuarios”. Y allí habilita a Cammesa a que, en caso de constatar incumplimiento en la remisión de los datos o que, pese a informar los cambios tarifarios, éstos “no respetasen las premisas establecidas en la Nota Nº 8572/2011, deberá facturar (...) un ‘Cargo Adicional por Incumplimiento’ provisorio, equivalente al incremento promedio aritmético, en por ciento, de la modificación de las tarifas”. ¿Qué decía la Nota Nº 8572 de noviembre del año pasado? Que todo aumento de tarifa a los usuarios finales de las empresas distribuidoras, “respecto de los valores correspondientes a noviembre de 2011, se considere que forma parte del costo mayorista de compra del distribuidor”. En otras palabras, descontarle del subsidio exactamente el mismo porcentaje de aumento tarifario.
“Santa Fe va a llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, adelantó Ciancio a Cruz del Sur. El ministro dijo que esta disposición de Cammesa “esteriliza” las inversiones que tenía planeada la empresa para las conexiones domiciliarias, donde –según el funcionario– “se producen gran parte de los desperfectos que provocan los cortes de energía”.
A mediados de noviembre, el gobierno provincial anunció el “ajuste tarifario”, que una parte comenzó a regir el 1 de diciembre –con un incremento promedio de 13,4 por ciento– y otra parte empezará a sentirse en los próximos días: la suba será del 9,8 por ciento desde marzo. En ambos casos, los incrementos fueron justificados en contundentes aumentos en los costos de la prestación de los servicios.
Ciancio se reunió el jueves pasado con su par de la provincia de Córdoba, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo. Según informaron desde el gobierno provincial, el objetivo del encuentro consistió en abordar dos temas de vital interés para ambas provincias: el acueducto para Córdoba, y la provisión de gas para localidades de la franja oeste del territorio provincial santafesino. Sin embargo, el propio Ciancio confió que conversaron con Calvo sobre las multas que aplicó Cammesa a Córdoba, Santa Fe y Jujuy.
Desde noviembre pasado, el equipo jurídico del gobierno provincial trabaja para dar la respuesta adecuada y dar vuelta la resolución de Cammesa. Se decidió, según advirtió el ministro de Aguas y Servicios Públicos, ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Santa Fe no está solo
El 15 de febrero pasado la Epec informó que recibió dos notificaciones en las que la Cammesa notificaba a la empresa de las sanciones.
La medida llegó en forma de nota de débito a fines de enero, por un total de 20 millones de pesos. Calvo reveló a La Voz del Interior que ya son dos las sanciones. “Llegó una nueva nota de débito por 20 millones de pesos”, dijo Calvo, en referencia a la facturación enviada desde Cammesa en las últimas horas, que incluye a las operaciones de enero que se liquidan ahora.
El funcionario calificó a la medida de “improcedente” y ratificó que Epec respondió mediante una carta documento, en la que rechazó los términos del débito.
El secretario de Desarrollo Energético y ex vicepresidente de la Epec, Miguel Majul, se reunió con representantes de Cammesa para intentar alcanzar una salida negociada a la situación planteada.
Calvo aseguró que, en los hechos, los débitos, que suman 40 millones de pesos, no han sido practicados. “No están cargados en la factura final, vienen en una nota aparte y tienen carácter de provisorios”, aclaró.
“Entendemos que no es el instrumento para aplicar una multa y por eso hemos tomado los recaudos administrativos del caso, haciendo solidariamente responsable a Cammesa por una
Si las sanciones quedan firmes, implicarán borrar de un plumazo la recaudación extra por el aumento tarifario de 15 por ciento que se instrumentó a partir de los consumos de diciembre de 2011.
Por esa suba, la empresa proyectó obtener justamente casi 20 millones de pesos por mes, mientras que, cuando rija el segundo tramo del ajuste (11,3 por ciento adicional), los ingresos deberían subir en 35,4 millones de pesos. Pero los débitos de Cammesa dejarían a la ecuación en una suma cero para las finanzas de Epec.
Cruce por los subsidios
Tras reunirse con funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Luis Rubeo, sostuvo que la energía que se consume en Santa Fe tiene un subsidio anual de la nación del orden de los 2.200 millones de pesos “lo que implica que la tarifa que llega a los ciudadanos es el 50 % del valor real. Si no fuera por el subsidio, tendríamos la energía más cara del país”. Con respecto a la quita de subsidios anunciada por la Nación para el caso de aumento de tarifa como el que aplica en este bimestre la EPE, Rubeo afirmó –según publicó El Litoral– que “es decisión del gobierno nacional reducir el subsidio en los mismos términos del aumento”. El legislador apuntó otro dato que fue explicitado en el encuentro: “El gasto operativo en las empresas energéticas es un 6% promedio de su presupuesto, en la EPE es el 20%”.
Germán de los Santos - Cruz del Sur
