Mientras los docentes universitarios sostienen medidas de fuerza con paros semanales de 48 horas -este lunes 1 y martes 2 de septiembre es el siguiente-, los rectores del sistema público advirtieron que habría una nueva marcha nacional si el gobierno de Javier Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada en el Congreso.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, fue el anfitrión el jueves y viernes pasado, de un encuentro del sector universitario de todo el país participó del primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que reunió a más de 3.000 docentes, investigadores, estudiantes, gestores y autoridades en Rosario.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante su 94º Plenario de Rectoras y Rectores. Allí, se puso el foco en la necesidad de contar con una ley de presupuesto 2026 que garantice el funcionamiento y la transparencia de todo el Estado nacional, y también en delinear acciones frente a un posible veto presidencial.
"Discutimos cómo trabajar con los legisladores en todas las provincias para garantizar que se sostenga la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, si es que efectivamente se produce el veto que anunció la Presidencia de la Nación. La definición en ese sentido fue, si es que hay veto, el día que el Congreso Nacional trate el mismo, hacer una manifestación nacional de todo el sistema universitario y científico del país", confirmó el rector de la UNR.
El CIN definió solicitar un presupuesto universitario para 2026 de 7,3 billones de pesos, cifra que actualiza y anualiza las partidas establecidas en la Ley de Presupuesto 2023. El cálculo fue elaborado bajo los criterios de la Ley de Financiamiento Universitario recientemente sancionada, y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas.
El proyecto aprobado no incluye aún previsiones por inflación ni actualizaciones salariales para lo que resta de 2025, ni contempla recursos para ciencia, técnica, arte, infraestructura ni becas. Aunque esos reclamos seguirán vigentes, el plenario resolvió que deberán ser tratados en diálogo con el Gobierno nacional.
