La EPE solicitó que las tarifas aumenten en promedio un 24,8% a partir del 1 de enero de 2025, aunque los incrementos varían según el tipo de usuario. Para las demandas pequeñas, como residenciales y comerciales, se propuso una suba cercana al 28%, mientras que para las grandes demandas el aumento promedio sería del 20,3%.
La audiencia pública, que se desarrolló este viernes de manera virtual, fue convocada por el gobierno de Maximiliano Pullaro mediante la Resolución N°1357/24. Aunque se transmitió por el canal oficial de YouTube para permitir el acceso a quienes no participaron como oradores, la cifra de inscriptos generó preocupación y abrió interrogantes sobre el alcance de la convocatoria.
Industriales advierten de aumentos del 80%
La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) participó este viernes de una audiencia pública convocada por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE). En este marco, Eugenia Martínez, representante de la entidad “expresó la preocupación del sector industrial respecto a la propuesta tarifaria y la necesidad de un marco regulatorio actualizado para el sistema energético de la provincia”.
En este sentido, “destacó que Santa Fe es la segunda provincia en aporte al PBI industrial del país y genera el 27% del empleo industrial a nivel nacional, con 140.000 puestos de trabajo directos. Además, subrayó que la industria no solo ofrece los salarios promedio más altos, sino que también impulsa miles de empleos indirectos. ‘La energía es el insumo transversal que sostiene los procesos productivos. Su costo y calidad impactan directamente en nuestra competitividad,’ afirmó”.
Apelar a la participación y después no incorporar la mirada de usuarios y consumidores habla de un desgaste en la sociedad y en las organizaciones a la hora de participarNorma López concejal de Rosario
Así, la Federación propuso una serie de medidas, que se detallan a continuación:
“Creación de un ente regulador": Santa Fe, siendo la segunda jurisdicción del país en consumo eléctrico, aún carece de un ente regulador que garantice eficiencia, idoneidad y alineamiento estratégico en el sector energético. La FISFE propuso la urgente creación de este organismo, incluyendo a todos los actores relevantes, para diseñar un nuevo marco normativo y tarifario que incorpore tecnologías actuales y responda a las necesidades del contexto socioeconómico.
Revisión de la tarifa Valor Agregado de Distribución (VAD): La tarifa propuesta para enero de 2025 refleja un incremento real del 80% respecto a diciembre de 2024 y un aumento interanual del 333% en comparación con enero de 2024. Este ajuste supera ampliamente los índices de referencia y podría comprometer la sostenibilidad de las industrias locales.
Competitividad regional: Comparado con Buenos Aires, el esquema tarifario coloca a las industrias santafesinas en una posición desfavorable. FISFE solicitó la implementación de una tarifa plana para ciertos sectores y una revisión de los horarios ‘pico’, ya que estos no reflejan los patrones actuales de consumo.
Fórmula de actualización: La nueva fórmula mensual propuesta para el VAD, basada en el IPC, podría superar la capacidad de respuesta de las empresas y familias. La Federación pidió que se reevalúe esta medida en favor de una transición más gradual.
Plan de contingencia: De cara al próximo verano, la FISFE convocó a coordinar esfuerzos entre el gobierno provincial, la EPE y el sector productivo para afrontar los picos de demanda, con claridad sobre las áreas críticas que podrían requerir atención especial”.
Escasa participación en la audiencia pública
La audiencia pública, que se desarrolló este viernes de manera virtual, fue convocada por el gobierno de Maximiliano Pullaro mediante la Resolución N°1357/24. Aunque se transmitió por el canal oficial de YouTube para permitir el acceso a quienes no participaron como oradores, la cifra de inscriptos generó preocupación y abrió interrogantes sobre el alcance de la convocatoria.
Una de las voces destacadas fue la de la concejala rosarina Norma López, quien se mostró sorprendida por la baja participación: “Cuando las audiencias públicas empezaron eran multitudinarias, pero viene habiendo una caída importante en la participación. Este año es inédito. Cuando vi el escaso listado de participantes me sorprendió, y es de preocupación”.
López señaló que la falta de inscriptos podría deberse a problemas en la difusión y cuestionó la actitud de la empresa: “Cuando es así, la empresa tiene que buscar la participación de otros modos, reforzar la comunicación, los contactos, el diálogo con distintas organizaciones”.
La edila también cuestionó la utilidad real de estas audiencias si las propuestas no son tomadas en cuenta por el gobierno provincial: “Apelar a la participación y después no incorporar la mirada de usuarios y consumidores habla de un desgaste en la sociedad y en las organizaciones a la hora de participar”.
La propuesta de la EPE contempla un aumento del 28,1% para usuarios residenciales, del 28,8% para comercios, del 25% para industrias y del 25,9% para instituciones. Dentro del segmento de grandes demandas, las cooperativas enfrentarían un alza del 7,9%, mientras que los peajes verían un incremento significativo del 52,6%.
Norma López advirtió que el impacto del aumento será grave para la producción y la economía provincial: “Va a generar una mayor inequidad entre las familias de nuestra ciudad y provincia, y además el impacto sobre la producción va a ser muy importante”.
