La diputada provincial, Betina Florito, presentó un Proyecto de Declaración donde expresó su más enérgico repudio al DNU del Gobierno Nacional que dispone la intervención a la firma Vicentín SAIC, una de las principales empresas del país y de la provincia y que da empleo a casi 7.000 trabajadores de manera directa e indirecta en Santa Fe y provincias vecinas, siendo un ejercicio abusivo del poder político y un atropello a las instituciones publicas.
Con el acompañamiento de Amalia Granata, la legisladora del bloque Somos Vida argumentó que la decisión "no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad de ningún Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores".
"Si la intención del ejecutivo es velar por los puestos de trabajo y por el patrimonio de la empresa, la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores", concluyó.
