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Regionales

ATE intimó al gobierno a dar marcha atrás con el descuento del día de paro

ATE calificó como “evidente ilegalidad” al descuento del día no trabajado por el paro del 8 de mayo. Asegura que viola “normas constitucionales, internacionales y legales que amparan la libertad sindical”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intimó formalmente al gobierno provincial para que “en un plazo razonable de dos días” cese las actuaciones por el descuento del día de paro por “ilegalidad y desconocimiento de derechos laborales”.

El sindicato estatal solicita que la provincia dé marcha atrás con la circular 3/2024 de la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, organismo que depende del Ministerio de Economía que preside Pablo Olivares. La misma instruye a las distintas jurisdicciones sobre cuestiones relacionadas con la decisión del gobierno de no abonar a los trabajadores del sector público provincial el salario correspondiente al día 8 de mayo del corriente año.

Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó el descuento del día y afirmó: “No hay vuelta atrás”. De esta forma, el gobierno ratificó que no pagará el día de huelga a docentes, estatales y médicos.

Para ATE, “esa circular está atentando claramente contra la libertad de trabajo y el derecho de los trabajadores y de las entidades gremiales que los representan, de adoptar medidas de acción a las que expresamente se encuentran habilitadas por la Ley 23.551 y las normas internacionales de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución Nacional y la propia Carta Magna que garantizan la libertad sindical".

Y agrega: "En ninguna norma provincial se exige a los trabajadores públicos completar una declaración jurada para concurrir a su puesto de trabajo, siendo esa una obligación que pretende imponerse a través de una circular que entra en contradicción con todo el marco normativo que regula el empleo público".

Según el gremio, "se están afectando normas de jerarquía superior, las cuales encuentran su fuente en convenciones colectivas suscriptas en la Provincia con el correspondiente anclaje constitucional, internacional y legal".

Por último, afirma que "de manera inconstitucional se impone al personal con responsabilidades jerárquicas una función que no corresponde a sus obligaciones laborales y que colisiona abiertamente con el derecho de estos a ejercer medidas legítimas de acción gremial".

El escrito publicado por ATE finaliza: "En este escenario de notoria ilegitimidad de la medida se presentó la intimación, debiéndose entender que es la intención de ATE evitar llegar a extremos mayores y llevar adelante la negociación colectiva en un contexto de buena fe y diálogo constructivo".

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