El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni presentaron en Rosario la Unidad de Capturas de Alto Perfil, un grupo especializado de agentes del Servicio Penitenciario y la Policía de Santa Fe, con equipamiento de última tecnología, que tendrá como principal objetivo la captura de los 10 prófugos más buscados en el territorio provincial.
En la gélida mañana de este martes, autoridades de las distintas fuerzas de seguridad, agentes que integrarán la unidad especial, y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, se dieron cita en la sede de la Policía de Investigaciones de dicha ciudad.
En primer lugar, el ministro de Seguridad hizo un balance de las acciones desarrolladas en el último año, en que la provincia logró, "actuando sobre la base de la actividad de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, en coordinación con otros organismos de seguridad y policiales y fuerzas federales y de seguridad de otras provincias y de CABA, la captura de personas prófugas de la Justicia que constituían un riesgo elevado para la seguridad colectiva, por haber cometido delitos muy graves y porque sus perfiles indicaban que eran personas capaces de cualquier cosa".
Un único objetivo
“En 12 meses se capturó a Mauricio Laferrara, Lisandro Contreras, Jonatan Riquelme y Mauricio Ayala, las personas más buscadas por agencias de todo el país. Ahora, vamos a decir quiénes son los 10 prófugos más buscados por la provincia y vamos a proponer fuertes recompensas para su captura”, dijo el ministro.
El grupo presentado este martes tendrá una estrategia de coordinación entre Inteligencia, Servicio Penitenciario, grupos de investigación, policía, junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), funcionarios nacionales y de fuerzas federales. El cuerpo policial va a depender de la dirección general de la PDI de la provincia con operadores que van a recibir entrenamiento, dotación especial y tecnología para coordinar actividades de inteligencia, operaciones tácticas e investigación criminal. El objetivo es "agarrar a los 10 fugitivos más buscados de la provincia", insistió Cococcioni.
Para el funcionario está claro que "cada captura va a salvar vidas, porque son personas que tienen alto riesgo de participar en hechos de gravedad".
A su turno, el gobernador aseguró que, después de conducir por cuatro años el Ministerio de Seguridad (entre 2015 y 2019), "en estos 18 meses de gestión veo el avance de la seguridad pública en la provincia".
Al inicio de su mandato, "Rosario estaba sitiada por la violencia y el delito, y parecía un sueño que pudiésemos lograr los indicadores que en este momento hay en la provincia". "No lográbamos comprender la maldad de algunas personas para atacar a otras de la sociedad civil", lamentó.
"Hubo que poner el cuchillo hasta el hueso, y se trabajó de manera coordinada y estratégica para frenar el delito en Santa Fe y, particularmente, en Rosario", con "órdenes precisas y claras a la policía y al servicio penitenciario".
Destacó en ese punto el trabajo coordinado con todas las fuerzas de seguridad, con el MPA y fiscales federales: "La violencia cayó en términos absolutos en la provincia y hoy está por debajo de la media a nivel nacional".
No obstante destacar que se reordenó y se trabajó en el servicio penitenciario de la provincia, reconoció que "eso trajo costos muy altos a la ciudad de Rosario y otros lugares. Había que poner orden en un lugar del que las organizaciones criminales sentían que se habían adueñado".
El segundo paso fue construir datos, hacer análisis criminal y elevar la cantidad de móviles para cuidar a los rosarinos: de 20 que estaban disponibles al inicio de la gestión, el último día de junio se llegó a los 302, y 130 binomios de caminantes. "Eso provocó que el mes que cerramos ayer (por el lunes) sea el de menor cantidad de delitos en la ciudad: hubo 1800 robos en el departamento Rosario, cuando veníamos de 8000 al inicio de la gestión.
A esto se sumó la ley de microtráfico "que muchos criticaban" y "demostró que con esa herramienta legal pudimos reducir los índices de violencia y adelantarnos a la violencia en los barrios". Pullaro señaló que "nos han llamado de países vecinos para conocer la experiencia en Santa Fe".
Sin embargo, consideró que "tenemos que ser innovadores y repensar las políticas públicas", porque "si nos quedamos en esto y sentimos que le ganamos al crimen organizado, nos vamos a estar equivocando".
"Corremos la raya y vamos por más", se entusiasmó el gobernador y precisó que "eso significa buscar en cada lugar, en cada barrio a quienes tienen pedido de captura en la provincia y que pueden generar delitos violentos y contra las personas".
“El Estado santafesino no va a escatimar ningún recurso económico: si ellos creen que pueden comprar a una persona por 20 mil dólares, el Estado va a pagar diez veces más. No hay límites en las recompensas que vamos a ofrecer”, dijo Pullaro y lanzó: “Quiero saber quién no los va a entregar”.
“Para que quede claro: con la Dra. Vranicich hace alrededor de tres meses llevamos adelante el sistema de recompensas, donde la provincia pone los recursos financieros destinados a toda persona que aporte datos sobre cualquier homicidio sin esclarecer, cometido desde 2014 a la fecha". En ese caso, el piso de la recompensa es de 8 millones de pesos, a cambio de datos certeros que los fiscales puedan usar para llegar a una condena.
No obstante, “hay quienes por 8 millones no están dispuestos a entregar a personas de alto perfil y que pueden generar inconvenientes a la seguridad pública”.
En esa línea va la oferta de recompensas por un monto mucho mayor. “Si el gobierno tiene que ofrecer 100 millones de pesos para un dato certero para detener a una persona que puede ser un problema para la seguridad pública, los va a poner. Estamos convencidos de que es barato para el Estado porque los recursos que pone todos los días para perseguir a estos delincuentes violentos es mucho mayor”.
Fuente: diario El Litoral
