El Gobierno Nacional formalizó esta semana la anulación de la licitación para ejecutar obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Sancti Spiritu y Rosario, uno de los más deteriorados y peligrosos del sur santafesino.
A través de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Ejecutivo dejó sin efecto el proceso adjudicado, pese a que ya contaba con contratistas asignados y documentación técnica aprobada.
La respuesta del Gobierno de Santa Fe fue inmediata. Desde el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, calificaron la medida como “un abandono total de las rutas nacionales” y recordaron que ese corredor es escenario de numerosos siniestros viales. “Se juega la vida de miles de santafesinos. Si no pueden ni quieren, que las transfieran”, advirtieron desde la Provincia.
Obra frenada con argumentos “irrisorios”
La obra anulada había sido adjudicada a una UTE compuesta por las empresas Edeca S.A. y Rava S.A., y formaba parte del programa de mantenimiento modular de rutas nacionales. Según consta en la resolución oficial —fechada el lunes 7 de julio—, la licitación fue cancelada por supuestos incumplimientos de plazos, una justificación que desde Santa Fe consideran arbitraria.
“Es una decisión intempestiva, que desconoce incluso fallos judiciales que obligaban a ejecutar estas mejoras. Y lo que es peor: deja sin efecto el último compromiso vigente para atender un tramo crítico”, sostuvieron fuentes oficiales. También se vio afectada la obra en Ruta 178, entre Las Rosas y su empalme con la 33.
La suspensión del contrato no es un caso aislado. Según el Ministerio de Obras Públicas provincial, la política del actual gobierno nacional de “no hacer obra pública” afecta a más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe. Se mencionan, entre otras, las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012.
El 80% de la producción nacional circula por estos caminos, pero ya no sabemos si se llega a destino por el estado del asfalto”, dijeron.
Ante esta situación, la Provincia volvió a insistir con un pedido: que se le transfiera la administración de las rutas nacionales. “Ya mantenemos con fondos propios las provinciales. También colaboramos con bacheos, luminarias y cortes de pasto en las nacionales. Tenemos capacidad y voluntad para hacernos cargo”, destacaron.
Reclamo con respaldo social
En la Casa Gris remarcan que el reclamo no tiene tono partidario sino un respaldo ciudadano creciente. “Esto no es un cruce político. Es la voz de vecinos que todos los días recorren rutas destruidas, pagan impuestos nacionales para infraestructura vial que hoy no se ejecuta, y no reciben respuestas”, indicaron.
La decisión de la Nación afecta principalmente a los departamentos del sur provincial, donde el pedido por rutas más seguras se volvió una necesidad urgente. Por ahora, el Ejecutivo nacional mantiene el silencio y sostiene su política de paralización de la obra pública. La resolución firmada por el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, oficializa ese camino.
