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Prestadores turísticos santafesinos reclamaron a la Provincia que se habilite al sector

por jose
Advirtieron que las restricciones impuestas vulneran el «derecho a ejercitar industria y/o comercio lícito y/o el derecho a trabajar». De no tener prontas novedades, adelantaron que recurrirán a la vía judicial.

 

Representantes del sector de Cabañas, Bungalows, Complejos, Hospedajes, Campings y Guías de Pesca deportiva y avistaje de flora y fauna, de los corredores de la Ruta Provincial Nº 1 Teófilo Madrejón y de la Ruta Nacional Nº 11, se manifestaron hoy frente a la Casa Gris, en el marco de las restricciones que impiden trabajar al sector en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19.

 

En concreto, mediante un petitorio, le pidieron al gobernador Omar Perotti, que de manera urgente “se deje sin efecto y/o modifique el decreto N° 270/2020, dictado en fecha 23 de marzo de 2020, mediante el cual se nos impide nuestro derecho a ejercitar industria y/o comercio lícito y/o el derecho a trabajar que prevé el art. 14 de la Constitución Nacional y arts. 7, 9, siguientes y concordantes de la Constitución Provincial”.

 

El pedido se realiza en virtud de que el sector se ha visto obligado a suspender totalmente sus actividades comerciales, “lo que ha cercenado nuestros ingresos económicos para afrontar salarios, impuestos, servicios, mantenimiento y sustento familiar, sin recibir subsidios suficientes y/o condonación de impuestos, lo que nos coloca en una situación económica-financiera sumamente comprometida y de no restablecerse en la mayor brevedad nos obligará al cierre y/o cese”.

 

Asimismo, señalan que junto con la Dirección de Turismo de la Provincia de Santa Fe, han  proyectado y presentado todos los protocolos adecuados para evitar contagios de COVID-19 en el marco de desarrollo de la actividad y/o servicios que ofrecen, al igual que lo han realizado otras entidades de distintos rubros comerciales y/o profesionales.

 

A pesar de esta iniciativa, “no se nos han otorgado las respectivas habilitaciones, lo que implica también la vulneración a nuestro derecho de igualdad previsto en el art. 16 de la C.N. y 8 de la C.P. toda vez que se han habilitado rubros y/o servicios de mayor riesgo por contagio en atención a la mayor concentración de personas en espacios reducidos en los que se desarrollan. Lo mismo ocurre en nuestros ríos, pues nunca se ha paralizado la actividad ictícola comercial, pero la pesca deportiva primero ha sido prohibida y luego limitada a una distancia que hace imposible la llegada de turistas pescadores con sus familias a nuestros destinos”.

 

Crisis y tristeza

 

“Ya no podemos resistir esta crisis -añaden- vislumbrando a la restante comunidad productiva trabajando conforme a protocolo y muchas veces sin él, pero todos trabajando, que es la única manera de sanar nuestra salud, nuestra economía y fundamentalmente aportar a la salud y bienestar de quienes nos visiten”.

 

Más adelante, expresan ver “con tristeza como el sector informal hace su negocio a la vista de todos, sin protocolo, sin vergüenza, sin sanciones de parte de quienes deben velar por la salud y seguridad de la población y de los turistas, favoreciendo el desorden, los ruidos molestos, la inseguridad y el incumplimiento de las normas de urbanidad y convivencia”.

 

“Por tal motivo -aducen- es que le solicitamos se nos permita ejercitar nuestro derecho constitucional a trabajar, mediante el protocolo de seguridad sanitaria ya presentado, que resguarda a las personas en amplios espacios en un contexto con la naturaleza, sin posibilidad de hacinamiento y con acceso a los arroyos, islas y el majestuoso río Paraná y sus afluentes, con guías profesionales habilitados, posicionando a la Provincia de Santa Fe como un destino turístico en el mapa nacional”.

 

Finalmente, admiten ser conscientes que debemos convivir con el Covid-19 y que su responsabilidad social empresaria es aplicar rigurosamente los protocolos, cumpliéndolos y haciéndolos cumplir. “Dejamos constancia que mediante la presente nota agotamos todas las instancias administrativas tendientes al cese de la vulneración de nuestros derechos, motivo por el cual, para el improbable supuesto de no accederse a nuestro pedido y/o no obtener respuestas en el plazo de cinco días, nos reservamos el derecho de acudir a la vía judicial correspondiente a los fines que se nos restituyan nuestros derechos constitucionales mencionados”.

 

Publicado en El Santafesino

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