El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición de haberes para docentes y no docentes, además de partidas adicionales destinadas a becas estudiantiles y hospitales universitarios.
Pese al avance en las negociaciones, las universidades aclararon que la firma del acuerdo no implica abandonar la vía judicial iniciada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La causa continúa en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre la validez y vigencia de la norma sancionada por el Congreso.
El acuerdo salarial contempla una recomposición del 24,33%, destinada a compensar parcialmente las diferencias acumuladas en los haberes del sector. Según lo acordado en la mesa paritaria realizada en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el incremento se abonará en dos tramos: 21,33% en junio y 3% adicional en octubre.
Puntos centrales del acuerdo
Uno de los puntos centrales del entendimiento establece que las partes volverán a reunirse antes de mediados de septiembre para analizar la evolución de los salarios en relación con la inflación y discutir una eventual recomposición por el desfasaje acumulado durante el último período.
Además, el acuerdo incorpora otros compromisos vinculados a las condiciones laborales de los trabajadores universitarios. Entre ellos, se destaca que la convocatoria a paritarias tendrá una periodicidad máxima de tres meses, lo que garantiza nuevas instancias de negociación salarial durante el año.
Otro aspecto incluido es la implementación de un programa de capacitación gratuita para docentes universitarios.
En cuanto a la garantía salarial, el acta establece una actualización de los montos mínimos para los cargos docentes. Desde junio, un trabajador universitario con dedicación exclusiva tendrá una garantía salarial de $1.497.941, mientras que para la dedicación semi exclusiva será de $748.970 y para la dedicación simple alcanzará los $374.485.
El acuerdo fue firmado por representantes del Gobierno nacional, autoridades del sistema universitario y las federaciones gremiales docentes universitarias, tras una negociación que se desarrolló en el marco del debate por el financiamiento de las universidades públicas y la situación salarial del sector.
La demanda sigue en pie
A pesar del entendimiento económico, los rectores insistieron en que no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema. La controversia gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación quedó frenada por una presentación realizada por el Poder Ejecutivo.
Las universidades cuentan con una medida cautelar favorable que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras el máximo tribunal analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley es inviable porque no especifica claramente la fuente de los recursos necesarios para su implementación, argumento que fundamenta la estrategia judicial oficial.
