Las organizaciones nucleadas en la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Uendisfe) reclaman al Ministerio de Salud de la Nación por los descuentos en el pago de las prestaciones, la falta de garantía de acreditación de los últimos meses y la ausencia de renovación de los convenios dentro el Programa Federal Incluir Salud, que cubre a las personas beneficiarias de las pensiones graciables y no contributivas.
Estas medidas (unilaterales por parte de la cartera sanitaria nacional) impactan directamente en el financiamiento de las instituciones que brindan servicios de atención a las personas con discapacidad, en el marco de la ley 24.901 de prestaciones básicas, informaron desde AANE, entidad que brinda diversos servicios en la ciudad de Esperanza desde el Hogar "Lilia Stegmayer" o el Taller Protegido de Producción "Ubajay".
La presidenta de la Uendisfe, Gabriela Otolochipi, precisó que mantuvieron reuniones “con organizaciones que prestan servicios de centros de día, educativos, hogares, atención temprana, ante la inquietud e incertidumbre de lo que pueda pasar”.
“Se hizo efectivo el depósito correspondiente al pago de septiembre y ahí las organizaciones vieron reflejada una quita del 20 por ciento. Es muy preocupante porque ese porcentaje, al margen de ser injusto, es una medida unilateral ya que no tenemos manera de comunicarnos, por eso la incertidumbre es muy grande”, sostuvo Otolochipi.
El programa federal hace unos meses pasó a depender de la nueva Agencia Nacional de Discapacidad y el retraso en el pago perjudica a empleados y profesionales. “Las organizaciones que atienden a las personas con discapacidad tienen que afrontar otros gastos, como el pago de aguinaldos, reemplazos de vacaciones, porque el servicio funciona todos los días del año”, agregó la referente de la ONG.
Desde Uendisfe expresaron que hasta el momento no hay ninguna información respecto a si esa reducción se va a pagar en algún momento o si pagarán noviembre y diciembre. “Si bien siempre hay un atraso de 90 días en el pago, necesitamos al menos la certeza de que lo van a pagar en algún momento y de qué manera”, indicó.
El vicepresidente Francisco Zanotti aseguró que la idea es garantizar prestación de los servicios y no restringirlos. “De no tener respuesta y prolongarse este tipo de medida, deberíamos revisar en el momento que sea oportuno. Hay que abrir el paraguas y advertir que en algún momento puede afectar la calidad de los servicios”, aseveró y concluyó que es un problema que está en sintonía con lo que sucedió hace un año. “En aquel momento nos vimos perjudicados por las pensiones no contributivas, con una baja indiscriminada, sin aviso ni notificación”.
