Con más de 3.000 afiliados a UCPN y ATE en el estacionamiento de la Legislatura, la Cámara de Diputados dio media sanción al mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se prevé el pase a planta permanente de 3.772 contratados provinciales. El régimen de titularización beneficiará a los empleados públicos con un año de antigüedad como mínimo y que ingresaron a trabajar en el período 1 de enero de 2007 a 31 de mayo de 2010.
La iniciativa contó con el apoyo de todo el Frente Progresista y los bloques justicialistas que integran Silvia De Césaris, Federico Reutemann y Adrián Simil; Silvina Frana y Mario Lacava; y Alberto Monti y Jorge Lagna. En tanto, si bien el kirchnerismo dijo estar de acuerdo con la medida, prefirió no acompañar con su voto por considerar que no se incorporaron al proyecto 190 titularizaciones en el Estado de empleados que son de una tercerizada de la EPE.
También, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, indicó que el Ejecutivo en marzo de 2009 firmó un decreto donde se autoimponía la obligación de que todos los ingresos de personal a la administración pública se harían mediante concursos, pero a pesar de ello la administración de Hermes Binner concretó más nombramientos. Sin embargo, la contestación al dirigente kirchnerista no sólo llegó desde el oficialismo sino también del seno de diputados peronistas.
En tal sentido, Silvia De Césaris (que responde a la línea política de Alberto Maguid) le recordó a su compañero de bancada que votar el mensaje del gobierno santafesino “es un acto de estricta justicia para todos los compañeros y compañeras trabajadores”, porque con esa norma se logrará “la ansiada estabilidad laboral, para los propios agentes y para sus familias”.
Asimismo, indicó que “los trabajadores no tienen la culpa” de los modos de contratación que tiene el Estado y sus métodos, y por ese motivo no deben pagar ellos los errores o contravenciones que pueda cometer el gobierno de turno. “Acá estamos dando derechos a gente que va todos los días a trabajar, que no falta nunca, pero que gana la mínima; son monotributistas así que no tienen obra social estatal. Incluso, no pueden enfermarse ni embarazarse porque no tienen la posibilidad de pedir licencias”, agregó.
“Cuando se trata de trabajo no hay partidos políticos”, enfatizó la diputada maguidista, y luego les dijo a los bloques del PJ que no votaron el dictamen de mayoría que “los compañeros no son números sino que tienen rostros” y que “era hora y es justo que llevemos esta respuesta a los trabajadores”. Por último, señaló que la precarización laboral tiene que desaparecer del Estado porque es el que debe “dar el ejemplo”, y achacó a las sucesivas administraciones provinciales (incluso del PJ) esa situación que recae en los empleados públicos.
Presiones, números y cargos
Más allá de alegría por la conquista gremial, Alberto Maguid no dudó en reprender a los diputados del PJ que no acompañaron el dictamen de mayoría y les recordó –a modo de amenaza política– que “ya van a salir a pedir los votos” para las elecciones del 24 de julio. Luego, reclamó a los senadores provinciales que la próxima semana den sanción definitiva al proyecto y no se les ocurra posponer esa discusión para después de las generales, porque “no les pagamos el sueldo para que vayan a hacer campaña” sino para que trabajen.
Más mesurado, el titular de ATE, Jorge Hoffmann, remarcó que la ley es el fruto de la lucha de los trabajadores y se mostró “contento” y “satisfecho” con el logro alcanzado en Diputados, aunque señaló que ahora habrá que militar las titularizaciones en la Cámara alta. Además, el candidato a vicegobernador de Agustín Rossi prefirió no opinar sobre la actitud que tuvo el bloque que representará si gana (el Frente para la Victoria), de no acompañar el dictamen de mayoría.
Mientras tanto, los contratados que podrían pasar a planta permanente si el Senado aprueba el proyecto pertenecen en un alto porcentaje al sector de la Salud, es decir, a un servicio público indispensable para la población. En ese sentido, entre mucamas, enfermeras y personal de Samcos y hospitales se titularizarían a 1.620 personas y alrededor de 1.160 médicos; que da un total de 2.751 beneficiados. A su vez, la ley establece que el Ejecutivo provincial recuperará el poder de contratación en “Samcos y efectores de autogestión”, según dijo el diputado socialista Raúl Lamberto.
El resto de los pases a planta se darán en el Ministerio de Gobierno (20 cargos), en el Ipec (44 cargos); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (135 cargos); Ministerio de Seguridad (seis cargos); Ministerio de la Producción (28); Ministerio de Economía (12); Ministerio de Educación (50); Ministerio de Innovación y Cultura (165); Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (55); Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente (40); Ministerio de Trabajo (35) y Ministerio de Desarrollo Social (137 cargos).
Además, hay titularizaciones en la API (70 cargos); en el Servicio de Catastro e Información Territorial (56 cargos); en la Lotería (55 cargos); en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (70 cargos) y Aeropuerto Internacional de Rosario (14 cargos).
Otro elemento importante en la iniciativa que ahora deberá discutir el Senado se asienta en el artículo que establece un plazo de 90 días –una vez sancionada la ley– para que el Ejecutivo reglamente un sistema de ingresos, reemplazos y suplencias tanto en el Ministerio de Salud como en el de Desarrollo Social. Se trata de un esquema de escalafonamiento (con listas de aspirantes) como tiene Educación en el caso de los asistentes escolares.
Por último, Raúl Lamberto indicó que para permitir los pases a planta permanente se tuvieron que hacer algunas excepciones a leyes laborales de fondo que tiene la administración pública. Al respecto, para el personal de sanidad, que puedan tener más de 40 años de edad y 10 de graduados; para los ayudantes sanitaristas, que no hagan los concursos para ingresar como empleados del Estado y tener más de 50 años de edad.
Diario UNO Santa Fe
