Argumentan que desde diciembre esperan la actualización de la tarifa que debe considerar el Concejo Municipal y que aún no lo hicieron.
Los prestadores del servicio público regulado por el municipio dicen que con el aumento del combustible y la devaluación no pueden sostener el servicio. Por ello cuando comenzó a transitar esta semana un acuerdo no escrito de los prestadores de los servicios de remises elevó la tarifa unos 50 centavos.
Basado en el principio que se trata de un servicio público que se traslada a un privado pero que regula el estado local, los remises no pueden estar desregulados para evitar el lobby empresario. Librar este servicio a la libre competencia podría condenar a los usuarios. Por ello quien debe controlar el cumplimiento de la tarifa es el municipio desde las oficinas de control externo.
También los concejales debieran encontrar la forma de considerar ajustes automáticos o reuniones periódicas que le permitan garantizar la responsabilidad de análisis de la tarifa y la prestación del servicio.
"Si no aumentábamos, no salíamos con los autos" aseguran los remiseros que necesitan trabajar a diario para sostenerse.
