Por Luis Lombo
El corredor vial de las rutas provinciales N° 6 y N° 70, por la realización de una obra pública inconclusa, se encuentra en un estado caótico, que hace que los usuarios al llegar las cabinas de peajes, se pregunten por que deben pagar por un servicio no prestado, sintiéndose totalmente avasallados en sus derechos.
Ahora bien, vale la pena reflexionar sobre cual es el sustento legal, que fundamenta el pago de el peaje en una ruta, y es allí donde aparece el concepto del denominado beneficio usuario, que es el valor económico que eventualmente “beneficiaria” a los usuarios producto de la reducción de los costos operativos del vehículo y la disminución del tiempo de viaje.
En consecuencia la tarifa que abona el usuario es entonces, justa y razonable, cuando su valor no supere el lucro obtenido por el mismo debido al mejoramiento de las condiciones de transpirabilidad generado por las obras y tiene relación con el estado de la carpeta de rodamiento, la demarcación horizontal y señalización vertical, el mantenimiento del estado de las banquinas, iluminación, así como los servicios accesorios, tales como postes de S.O.S, servicio de remolque, asistencia mecánica, o servicio de ambulancias en caso de accidente,
Es claro que el desvío provisorio por la obra inconclusa, va totalmente en contra del beneficio usuario, por que alarga el tiempo de viaje, y aumenta los costos de mantenimiento por el estado defectuoso del mismo, pero mucho mas grave es la precariedad del mismo, que implica un riesgo potencial para la salud, seguridad e interés económico de las personas que transitan por el mismo.
Y esta situación de crisis hace preguntarse también, si realmente se está prestando los servicios accesorios antes mencionados y si alguien está verificando la calidad de los mismos. Desde ya que iluminación no existe salvo en un corto tramo de la ruta y postes S.O.S. tampoco.
El contexto es muy serio ya que se esta cobrando por una prestación que no se brinda y lo que es peor, el desastroso estado del desvío pone en riesgo la salud y seguridad de las personas, y debe solucionarse de manera urgente esta situación de precariedad, independientemente del cobro del peaje.
El art 42 de las C.N. dispone “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. El pago de peaje es una típica relación de consumo, y de la sola lectura del art 42, surge que todos y cada uno de los derechos enunciados, son violentados por los prestadores del servicio de peaje, y por el poder concedente que es el estado provincial. Esperemos que no deba suceder un estrago vial para que alguien se haga cargo de esta situación.
Por Luis Lombo.
