La presidenta Cristina Fernández anunció hoy un aumento del 17,33 por ciento para la jubilación mínima, a partir del mes de marzo.
El anuncio fue formulado en el marco de una conferencia de prensa en la que junto al ministro de Economía, Amado Boudou, el de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se anunció que la recaudación fiscal de enero ascendió a 40.767 millones de pesos, lo que representa un aumento del 40,5 por ciento, respecto de igual mes de 2010.
Tras el anuncio de la Presidenta, el ministro de Economía Amado Boudou remarcó que la recaudación en dólares "es dos veces y media el promedio de los años 90, la era dorada para algunos gurúes", y que es "casi 10 veces la recaudación de enero del año 2001". "Esto quiere decir que estas políticas vienen demostrando que si bien es mucho lo que falta en Argentina, vamos en el camino correcto".
Boudou, recordó que "la oposición decía que con nuestra fórmula de movilidad jubilatoria los haberes no iban aumentar más del 4 por ciento; y desde que se implementó este sistema se ve que los aumentos son mucho más importantes".
En esta misma línea, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recordó: "Cuando fuimos al Parlamento a defender la movilidad jubilatoria, hubo toda una discusión alrededor de por qué se ponían los recursos tributarios y no solamente los salarios. En esta oportunidad lo más importante que ha jugado a favor del aumento del 17% es el aumento de la recaudación. En años anteriores tenía más peso el aumento del salario".
La deuda pendiente
Por otra parte, el Gobierno sigue manteniendo una fuerte deuda con cientos de miles de jubilados, por no haber aplicado ajustes -o haberlo hecho en forma insuficiente- entre 2002 y 2006, años en que la inflación iba recortando mes a mes el valor real de los ingresos. Esa deuda estatal, ya reconocida por la Corte Suprema de Justicia, implica la necesidad de un reajuste que en algunos casos llega al 70% de los haberes. Pero para obtener el reconocimiento los jubilados se ven obligados a litigar.
La ley de movilidad fue aprobada en 2008 y comenzó a instrumentarse en 2009 luego de que en 2006 los jueces supremos ordenaron al Gobierno su sanción para evitar que continuara el deterioro de los ingresos por efecto de la inflación.
Fuente Presidencia y La Nación
