El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios autorizó en una extensa resolución el pedido de aumento de Aguas Santafesinas SA que impactará en un 56% en el servicio de agua potable y cloacas, al cabo de dos subas del 25% acumulativas, en el tercer y cuarto bimestre de 2018.
Tanto los considerandos como los 16 artículos de su parte resolutiva y el detallado anexo de obras ‘impostergables‘ y ‘prioritarias‘ según su grado de urgencia, contienen fuertes críticas a los números que presentó ASSA, pese a que el Enress no se inclina por un porcentaje de aumento.
En pocas palabras, el dictamen dice que, en vista de que carece de las facultades regulatorias que les son propias, el regulador se abstiene de emitir un dictamen que tenga un porcentaje para la actualización tarifaria. En definitiva, ya no se disimula que se trata de un Ente Regulador que no puede regular las tarifas.
La resolución 120 del 28 de febrero firmada por el directorio del Enress (tal como ocurrió en diciembre de 2016) destaca que desde hace ya 11 años se mantiene vigente el contrato provisorio (que iba a durar apenas 3). Ese contrato vincula al Estado con la empresa, creando unas obligaciones laxas, propias de la emergencia que implicó la vuelta al Estado de la empresa tras el fracaso de su privatización.
No obstante, el Enress coteja los números de la prestadora con sus propios cálculos y en la resolución advierte serias diferencias de criterios respecto de la contabilidad de ASSA. Así impugna gastos que, para el ente regulador, deberían ser unos 200 millones de pesos más bajos. Rechaza la forma de presentar la amortización de bienes de capital y el sumar a las facturas de los usuarios de Aguas los gastos que generan los acueductos que, en realidad, benefician a otras localidades santafesinas ajenas a la concesión.
Conviene analizar por separado ambas observaciones. En el último caso, ASSA suma el costo de operar y mantener el sistema de acueductos porque así lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo Provincial. El regulador sostiene que no deben cargar los usuarios de esa concesión con gastos que son necesarios para otros santafesinos.
En cambio, respecto de cómo calcular la amortización de los bienes de capital, lo mejor es acudir a una metáfora (que otras veces se ha usado en este espacio).
¿Qué implica amortizar un bien? Que lo que se cobra por el servicio que con este bien se presta permita luego volver a comprarlo.
Legalismo extremo
Un taxi, por ejemplo, cuenta con una tarifa que debe cubrir (al menos en teoría) los costos de su funcionamiento, combustible, sueldos, impuestos y también el recambio del coche.
Assa ha hecho los cálculos para la amortización de sus bienes de un modo que -cuanto menos- puede calificarse como de un legalismo extremo. Redujo el período de amortización a sólo su período de concesión, como si fuera la empresa de un particular (no una compañía cuyas acciones son todas del Estado).
Como su concesión vence en 2025 cada máquina, cada equipo, cada bien en uso, cada obra, se amortiza en los pocos años que restan para esa fecha: lo normal en agua y saneamiento es hacer cálculos mucho más extensos, como mínimo de medio siglo. Y las concesiones (aun las pésimas de los años ‘90) se hicieron por 99 años.
Es verdad que un taxista puede no volver a obtener su licencia y por lo tanto tiene que cuidar su capital (el auto), pero con el agua potable no ocurre los mismo... Cabe suponer que en 2026 habrá una empresa que preste el servicio. En el 25 no se termina el mundo.
Otra vez, la lupa sobre los trabajos tercerizados
La resolución 120 del Enress que deja al ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay en condiciones para dar otro zarpazo del 56% al bolsillo de los usuarios, contiene algunos números de interés.
En Aguas Santafesinas SA la suma del rubro Trabajos y Servicios de Terceros crece año tras año. Para el presente ejercicio, la empresa estima que serán 143,6 millones de pesos. Sin embargo, el Enress calcula que no deberían superar los 117,6 millones. La diferencia es de casi 26 millones.
En las cuentas finales del servicio de agua y cloacas prestado en 15 distritos santafesinos (entre ellos las ciudades de Santa Fe y Rosario) es notable el déficit estimado por la empresa: el rojo será de nada menos que 777 millones de pesos al terminar 2018, aún con un aporte de 299,6 millones de pesos del Estado (un subsidio que paga la totalidad de los santafesinos, también los que no tienen agua o cuentan con otro prestador como cooperativas, municipalidades o comunas). En suma Aguas suma un déficit total de mil millones.
Para el Enress, aún con las dificultades que manifiesta la empresa respecto del aumento de insumos y otros costos fijos, el déficit debería ser bastante menor: lo estima en 616,8 millones.
Diario El Litoral
