Nuestro sistema republicano −si es que todavía queda algo de él− está atravesando sus últimos momentos de vida. Su acta de defunción ya ha sido labrada y, paradójicamente, lleva el pomposo nombre de “democratización de la justicia”, una falacia conceptual.
Hay una visión bastante extendida entre los sectores progresistas que apoyan la actual gestión de gobierno, que justifica varias de las reiteradas vulneraciones que se cometen desde el Poder Ejecutivo sobre el sistema republicano y, particularmente, la división de poderes. Esta posición consiste en afirmar que ciertos incumplimientos son imprescindibles en pos de avanzar con cambios sociales, pues si los gobernantes se ajustan estrictamente a las reglas institucionales, se traban las reformas previstas. Esta idea presupone que el sistema de frenos y contrapesos incluidos en la Constitución Nacional deriva de miradas conservadoras, históricas y actuales, que buscan mantener el statu quo que favorece sólo a algunos sectores.
Hablar de falta de "democratización" de la Justicia es un buen discurso para la militancia; es en el fondo, sin embargo, un acto hipócrita o una autoinculpación. El 53 % de los actuales jueces fueron designados por Cristina Kirchner; el 40 % del 47 restante deberá nombrarlos ella. El supuesto inmovilismo de la Justicia significa otro conflicto con la verdad. Ya hubo tres Cortes Supremas desde el advenimiento de la democracia, en 1983. La primera fue nombrada por Raúl Alfonsín, que luego fue relevada casi totalmente por Carlos Menem (con las excepciones de Enrique Petracchi y Carlos Fayt) para nombrar una propia. La Corte menemista cayó no bien asumió Néstor Kirchner, quien nombró a los actuales miembros del cuerpo, del que todavía forman parte sólo Petracchi y Fayt, dos jueces con prestigio como profesionales del derecho.
Dos medidas anunciadas significan los mayores peligros para la devaluada democracia argentina. Una es la que propone la limitación de las medidas cautelares. Esas decisiones judiciales, que existen en todos los países con un fuerte sistema democrático, sirven precisamente para salvar de la pérdida irreparable a ciudadanos afectados por el Estado o por privados. Detienen el efecto de las decisiones cuestionadas hasta que concluya el juicio. Las medidas cautelares son necesarias en todos los casos, pero lo son aún más cuando es el Estado el que toma medidas que podrían afectar a los ciudadanos comunes. Ningún ciudadano tiene un poder comparable al del Estado. El proyecto anunciado limita las cautelares, para peor, en los casos contra el Estado, que fue históricamente el mayor productor de arbitrariedades.
El otro anuncio grave de la Presidenta fue el referido a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El Gobierno no tiene ahí los dos tercios necesarios para poner y sacar jueces. Sobre el fin del año pasado, una férrea oposición de cinco miembros opositores, legisladores y jueces, le impidió al gobierno la designación de jueces impresentables y la remoción de magistrados que no seguían la dirección política del oficialismo. Cristina se está cambiando ella misma. La composición del actual Consejo de la Magistratura pertenece a una reforma impulsada por la entonces senadora Kirchner.
La elección popular de esos consejeros ya fue cuestionada por inconstitucional por la Asociación de Magistrados. Y también por dirigentes políticos opositores. En rigor, todos los miembros del Consejo surgen ahora de elecciones. Decir lo contrario es una manera de no decir la verdad. Los representantes políticos son senadores o diputados nacionales. Los abogados eligen a sus consejeros y los jueces a los suyos. “¿Por qué no hay en ese Consejo ingenieros, psiquiatras o arquitectos?", se preguntó la Presidenta mientras anunciaba que cualquier profesional podría integrar ese Consejo. Porque deben resolver cuestiones de la Justicia. Hay, también, una cuestión técnica en el medio. Los consejeros deberán ser propuestos, de acuerdo con los anuncios, por los partidos políticos, incluidos los jueces y abogados. Esa innovación llevará a la Justicia al territorio de la disputa política y electoral. El peor territorio para administrar justicia.
Si bien la Presidenta de la República dice desconocer y deprecia lo que llama “derecho cautelar”, sabe a ciencia cierta que los jueces independientes (una dignidad que lamentablemente no invisten todos), actuando a través de sentencias, de medidas cautelares y de amparos, son el penúltimo obstáculo a su proyecto hegemónico. Y no solamente porque han sido jueces independientes quienes han frenado iniciativas gubernamentales contrarias a la Constitución, sino porque la infinita perspicacia política de la Presidenta le advierte que, para llevar hasta las últimas consecuencias sus ideas (cambiantes, inorgánicas y no insertas en ningún programa electoral sometido al voto popular), debe derribar los últimos obstáculos que se oponen a su voluntad.
Afortunadamente, para muchos de los que hoy integramos las minorías y, porque no, para muchos de los que todavía acompañan desinteresadamente al Gobierno, la Constitución alberdiana de 1853 (reformada en 1994) es una trinchera desde donde podemos defender la libertad y la igualdad de los argentinos, presentes y futuros.
Alejandro D. Galetto.- Paula V. Frank.-
Presidente C.C. – ARI. Vicepresidente C.C. – ARI.
Distrito Esperanza.- Distrito Esperanza.-
