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EPE: ¿Quién defiende los derechos de los usuarios?

por jose

(Por Luis Lombó) – «Llama la atención la total ausencia de los organismos del estado con competencia en la materia, que deben tutelar los derechos de usuarios y consumidores» sostiene Lombó en su reflexión sobre lo que vivimos los esperancinos.

 

Los recientes hechos acaecidos en  la planta trasformadora de la EPE, con usuarios del servicio que por ausencia de este han sufridos daños económicos de distinta magnitud, y que pese a ello, no reciben información adecuada, veraz y suficiente de como ejercer sus derechos, demuestra de manera palmaria un notable retroceso en nuestra provincia de la tutela de los derechos de los consumidores, consagrados en el Art 42 de la C.N, y la Ley 24.240 y sus modificatorias.

También señala el desconocimiento profundo que existe en esta materia, habida cuenta que la prestadora del servicio tiene una responsabilidad objetiva sobre el mismo, y no existe eximente para desprenderse de tal responsabilidad. Para que todos entiendan claramente, no importa si la  falla la originó  un rayo, un huracán, falta de mantenimiento o problemas operativos, la EPE tiene la obligación de resarcir a los usuarios que se vieron afectados independientemente de la causa que lo ocasionó.

Además, llama la atención la total ausencia de los organismos del estado con competencia en la materia, que deben tutelar los derechos de usuarios y consumidores,  Defensoría del Pueblo y la Dirección de Comercio Interior, teniendo en cuenta que el hecho fue público y notorio y en ningún caso podrían alegar desconocimiento del mismo.

En consecuencia es necesario que todos los afectados conozcan que tienen derechos, y que ejerzan sus reclamos tanto en Defensoría del Pueblo, como en la Dirección de Comercio Interior o en la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de  Esperanza, y recuerde no se queje si no se queja.

 

Los servicios públicos. Marco conceptual.

Cuando hablamos de servicios públicos los ciudadanos entendemos que se tratan de la luz, el agua, el gas, el teléfono, el transporte, etc.

Y si bien este concepto tiene un amplio reconocimiento social, los distintos autores no se ponen de acuerdo en dar una definición clara de que son los mismos, por lo tanto nos limitaremos a tomar una de las tantas, y que dice que son un hecho necesario para la vida social, tendiente a satisfacer un interés colectivo.

Ahora bien estos pueden ser prestados por el Estado  a través de si, E.P.E, o Aguas Santafesinas o delegando en prestadores privados tales como por concesionarios o licenciatarios.

No obstante esto la titularidad del servicio es del estado, es lo que se da en llamar exclusividad regalística o titularidad pública sobre la actividad, estando excluida de la acción libre de los particulares, y esto se debe a su vinculación con el interés publico, al bien común -fin ultimo del Estado- y por ello tales sectores están reservados  a los poderes públicos que ejercen sobre ellos una dirección unitaria y exclusiva.

De tal suerte que el servicio prestado por el concesionario o licenciatario constituye una actividad propia del Estado, que aquel gestiona en su nombre y temporalmente, bajo la inspección y vigilancia de la administración.

Cualquiera sea el prestador, los rasgos esenciales son la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad y la obligatoriedad.

La continuidad impone que el servicio público, no puede ser interrumpido dentro de las características del mismo, y por ende las normas imponen sanciones y compensaciones a los usuarios en caso de que esto suceda.

La regularidad obliga aprestar el servicio de acuerdo con ciertas normas preestablecidas (normas técnicas) las que deberán ser conocidas por los usuarios. Por ejemplo rango de tensión del servicio eléctrico, o presión mínima del servicio de agua o el tiempo de reparación máximo del teléfono.

La uniformidad, exige que el servicio sea prestado a todo aquel que lo solicite, en igualdad de condiciones para todos los habitantes.

La generalidad es él deber de prestarlo a todo habitante de la nación sin discriminaciones de ninguna naturaleza y de acuerdo con las normas que lo rigen.

La obligatoriedad es el deber  ineludible de prestarlo por parte del Estado, concesionario, o licenciatario.

La tutela de los derechos de los usuarios están consagrados en el Art, 42 de la C.N, y la Ley 24.240 de Defensas de Consumidores y normas concordantes.

 

Ing. Luis Lombo

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