La presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, se refirió a las implicancias que tiene la declaración de la emergencia agropecuaria en la provincia.
En diálogo con la CSC Radio, Gardiol analizó que “la situación tiene dos etapas: el reconocimiento y declaración del gobierno provincial del estado de emergencia de toda la provincia de Santa Fe –con excepción del Departamento General López- y por otra parte, la resolución de la Comisión Nacional de Emergencia que deberá homologar esta determinación”.
Sobre lo que significa tener emergencia provincia, explicó que “independientemente de las pérdidas que se están sufriendo en general, el beneficio de la emergencia agropecuaria es que la ley asume el no pago o el diferimiento del impuesto inmobiliario rural, según el grado de gravedad que tenga el evento”.
La dirigente destacó que “en la reunión con los funcionarios y legisladores provinciales nos pareció importante que tuvimos un intercambio de ideas y si por el momento hay algunas cuestiones que no pueden ser aplicadas porque deben ser establecidas por ley, si saldrán fortificadas para el futuro. Hay que destacar que se va a rever la ley de emergencia de la provincia de Santa Fe que es muy antigua y no contempla las realidades productivas de los tiempos actuales”.
Recordó que “la emergencia será hasta el 30 de junio de 2022 y se solicitarán las declaraciones de los productores, como siempre pero en esta oportunidades requerimos que haya agilidad en los trámites. Por otro lado, seguiremos trabajando en otras cuestiones que no están contempladas ahora”.
Respecto del anuncio de 12.000 millones de pesos que se entregarán a nivel nacional como ayudas por la sequía, Gardiol explicitó que “si bien las ayudas siempre son bienvenidas, no es un monto suficiente, y es insignificante a nivel nacional. No sabemos en qué porcentaje participará la provincia y entendemos que los daños han sido mucho mayores”. “Se verá cómo se implementará y según los dichos del Ministerio se tramitará y entregará a los productores a través de las Agencias de Desarrollo lo que agilizaría la entrega del dinero”, adelantó.
Asimismo, manifestó el desacuerdo del sector ante la determinación de 100 hectáreas como límites para obtener los beneficios de la emergencia y afirmó que “no se puede hablar de hectáreas ni de valores hasta no tener la certeza y se haga el análisis en particular de cada productor, no se pueden establecer límites si no se sabe sobre qué monto se estará trabajando y sin un análisis en profundidad de cuantas hectáreas hay dañadas en la provincia, en estados terminales o en mal estado”.
Resumen
Consultada por una evaluación del encuentro dijo que “fue positivo porque el hecho de reunirnos, de intercambiar ideas y que hayamos hecho propuestas es algo válido” y aclaró que “las expectativas son mayores pero la provincia tiene un rango de acción, y tanto provincia como Nación tienen otras políticas que se pueden implementar para colaborar con este sector”.
“Como entidades estamos permanentemente trabajando y pensando que otras acciones y cuestiones se pueden manejar para aliviar este problema que es productivo pero que en definitiva se transforma en un problema financiero y económico no solo para el productor que es el primero que sufre el impacto sino para todos aquellos relacionados con los servicios que surgen de la producción agropecuaria, para las ciudades vinculadas a ella y básicamente para el país, porque significa una masa de ingresos que se ve reducida. Por eso hay que ser prudentes y trabajar sobre cuestiones que puedan ser resueltas y den un aire a los productores”, concluyó.
Perotti firmó el decreto y ya rige la emergencia agropecuaria hasta junio
