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Causa Banco Provincia: “Se abre un sinnumero de interrogantes”

by juanmanuel

AIRE DE SANTA FE. – El pasado lunes 27 de agosto se cumplieron 28 años desde que un grupo de empleados del entonces Banco Provincia presentaron una denuncia ante el Juzgado Federal Nro. 1 de la ciudad de Santa Fe, por el “vaciamiento patrimonial” supuestamente cometido por sus directivos. El supuesto crimen económico habría culminado con un quebranto de entre US$ 500 millones y US$ 1000 millones.

Una inspección del Banco Central pudo corroborar que la entidad había otorgado préstamos por 500 millones de dólares sin justificativo razonable. También se determinó que había transferido recursos hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sobre la cartera de créditos, el informe del Banco Central permitió precisar que los 54 principales deudores del Banco Provincia representaban el 85 por ciento de la cartera. Esto evidencia “una altísima concentración y un total desconocimiento de la normativa vigente”, y determinó un porcentaje de incobrabilidad cercano al 50%, lo que resultaba, según el Central, “inusual en el sistema financiero argentino y aún más a nivel internacional”.

El derrotero judicial

Las personas imputadas prestaron declaración “informativa” en octubre de 1990 ante el juez Raúl Joaquín Dalla Fontana, quien además dispuso una serie de medidas tendientes a profundizar la investigación. El magistrado fue recusado y seis meses después lo apartaron definitivamente de la causa. El 11 de Junio de 1993 el Juez Federal Víctor Brusa dictó el sobreseimiento provisorio de todos los imputados.

El 10 de mayo de 1994 la causa fue remitida al Juzgado Civil y Comercial de la 6ta. Nominación de la ciudad de Santa Fe, donde permaneció durante casi catorce años, hasta que en fecha 6 de febrero de 2008 fue devuelta al Juzgado Federal.

La fiscal federal de entonces, dra. Cintia Gómez, dio por prescripta la acción penal el 27 de mayo de 2008, y cinco años después, el 24 de junio de 2013, el Juez Reinaldo Rodríguezdeclaró extinguida la acción penal.
Pero la causa tomó un nuevo impulso con la llegada a la Fiscalía Federal del dr. Walter Rodríguez, quien decidió apelar la decisión del magistrado.

El fiscal presentó un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), elaborado por quien estaba al frente del organismo, Carlos Gonella. El informe de la PROCELAC permitió demostrar que hubo un plan de acción para garantizar la impunidad de los responsables.

La Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dio la razón al fiscal y dispuso devolver los autos para que se determine si alguno de los imputados fue o continúa siendo funcionario público, para determinar si el curso de la acción penal se suspendió.

El fiscal Rodríguez también solicitó en 2013 la nulidad de todo el proceso por entender que el sobreseimiento dictado en el año 1993 a los imputados, y la extinción de la acción penal se fundaban en el desarrollo de una actividad jurisdiccional fraudulenta, ya que toda la investigación “había sido fingida”.

Dos años después, en 2015, el Juez Rodríguez dispuso no hacer lugar a la nulidad planteada por el fiscal, cuestión que nuevamente fue apelada por el fiscal, y en septiembre de 2015 se concedió el recurso de apelación.

Mientras la Cámara de Apelaciones de Rosario se encontraba resolviendo la cuestión de la nulidad de la causa, el magistrado santafesino se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa.

En diciembre de 2016 se resolvió anular la resolución del 93’ que dispuso el sobreseimiento provisional de la causa, declarando que no existe obstáculo procesal alguno para continuar seriamente el proceso.-

Esta resolución impulsó a los defensores a interponer un recurso extraordinario ante la Corte, por entender que un proceso de 26 años tramitación lesiona la garantía constitucional de toda persona sometida a un proceso penal de ser juzgado en un plazo razonable. La Corte resolvió que primero debe definirse la cuestión de la competencia y de la prescripción de la acción.

En diálogo con Aire Digital, uno de los abogados defensores, Leandro Corti, se refirió a la resolución de la CSJN. Según el abogado, “entendemos que un proceso judicial que se inició en 1990, que tiene 28 años de tramitación atenta contra la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.

“Nos sorprende que la Corte deje en suspenso el recurso, en esta especie de limbo” hasta determinar las otras dos cuestiones, manifestó Corti. “Ahora se abre un sinnúmero de interrogantes” dijo el letrado.

“La Corte tomó una decisión sumamente extraña porque en realidad no tomó ninguna decisión. Desde la defensa nos parece un disparate que exista un trámite judicial que lleve 28 años” cuestionó el defensor.

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