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Anunciaron los nuevos plazos de la convocatoria de acreedores de Vicentin

por jose
En medio de la pandemia del coronavirus y ante la imposibilidad de circulación humana, el Juzgado de Reconquista, en Santa Fe, ordenó la puesta en marcha de procesos presenciales y no presenciales. Dirigentes políticos santafesinos pidieron que la firma se convierta en empresa pública no estatal “bajo control político y social”.

 

El Juzgado de Primera Instancia Distrito N°4 en lo Civil y Comercial Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, publicó ayer una resolución mediante la cual anunció los nuevos plazos en la causa que lleva adelante por la convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin.

 

Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, había solicitado en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, la deuda de Vicentin es de USD 1.350 millones, dividida entre USD 1.000 millones de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

 

En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas. En total, dice la Justicia, hay 2.638 legajos por una suma denunciada de casi 100.000 millones de pesos.

 

En medio de la pandemia del coronavirus y ante la imposibilidad de circulación humana, la resolución judicial sostiene que «será primordial el resguardo de la salud pública y el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en cada ciudad”. Para eso, se ha ordenado la puesta en marcha de procesos presenciales y no presenciales.

 

Por un lado, la decisión de la Justicia extiende hasta el próximo 25 de agosto inclusive la fecha en que los acreedores tendrán que presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura, mediante la modalidad presencial o no presencial. Eso lo tendrá que definir cada acreedor.

 

Por otro lado, la sindicatura tendrá como fecha límite el 13 de noviembre del corriente año, para llevar adelante la presentación de los informes individuales, y el 16 de marzo de 2021 para la elevación del informe general. Además, el 28 de agosto de 2021 se realizará la audiencia informativa.

 

El fallo, también, ordenó la publicación de los edictos de ley, por el término de cinco días en el Boletín Oficial de Santa Fe, Boletín Oficial de la Nación y en un diario de amplia circulación de las ciudades santafesinas de Avellaneda, Reconquista, Santa Fe Capital y Rosario.

 

El Juzgado destacó que los pedidos de verificación de créditos, en forma presencial, se realizan cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la regulación de cada autoridad municipal, en las ciudades de Reconquista, Santa Fe y Rosario, donde se encuentran los domicilios habilitados por dicho órgano para la mencionada actividad.

 

El proceso de verificación no presencial para el proceso, se realizará mediante una plataforma a la que se podrá acceder de modo virtual y que está alojada fuera del sistema del Poder Judicial Santafesino (bajo la vigilancia y supervisión del órgano sindical).

 

La resolución judicial sostiene que en todo este proceso, se contempló la alternativa de dotar de sistemas de información y gestión acordes a las circunstancias, que permitieran a los acreedores, situados en diversas locaciones del país y del mundo, conocer en tiempo real las resoluciones judiciales, los informes que debe elaborar al órgano sindical y ejercer sus derechos, en el marco y con las limitaciones de las normas procesales concursales que rigen su tramitación.

 

Pedido

 

Esta semana un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales solicitaron que la firma Vicentin se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. A través de una carta, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria.

 

 

La carta fue firmada por varios miembros del Gobierno, como Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco. Además, en el texto se incluyó un pedido de entrevista urgente con el presidente Alberto Fernández.

 

“El avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante. Situación ésta que será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la justicia”, expresaron en el texto.

 

La propuesta del grupo que firma la carta es que el Estado intervenga sobre el concurso de acreedores de la empresa —al que consideran un “fraude”— y que el Grupo Vicentin se convierta en una “empresa testigo” en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos.

 

 

Publicado en Infobae

 

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