Para la dirigente nacional del PDP y diputada nacional el crecimiento de la narcocriminalidad y su «uso irresponsable» en el «medio de una contienda electoral que está iniciándose, es absolutamente repudiable».
Por Ana Copes – Diputada Nacional
No es la primera vez que los santafesinos quedamos cruzados en el medio de una disputa por la seguridad. El problema del narcotráfico es, sin duda alguna, uno de los problemas que más aqueja a la sociedad. La violencia, las muertes, el dolor que trae consigo el crecimiento de la narcocriminalidad en la provincia y en el país, es realmente materia de preocupación. Y debiera de serlo para todos los sectores y tintes políticos. El uso irresponsable del tema colado en el medio de una contienda electoral que está iniciándose, es absolutamente repudiable.
La narcocriminalidad es una expresión del crimen organizado que exige de parte de todos los actores políticos involucrados la mayor de las responsabilidades y el mayor de los esfuerzos. El desprecio a la vida y el menoscabo a las bases de la sociedad que este tipo de delito genera requiere de un trabajo mancomunado y conjunto. Lamentablemente en los últimos años más de una vez Santa Fe ha reclamado, sin éxito, un trato igualitario al resto de las provincias del país.
La responsabilidad que le cabe a la provincia es ineludible, y el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social la está enfrentando. Como representantes del pueblo de Santa Fe, sabemos el desafío que tenemos en esta materia, y como demoprogresistas nos comprometemos desde cada espacio que integramos a trabajar fuertemente en pos de diseñar y ejecutar políticas de seguridad que redunden en mejoras sustanciales. No se puede desoír el reclamo legítimo de la sociedad. Debemos enfrentar el problema no con medidas coyunturales, sino con cambios reales.
El problema de la narcocriminalidad no es excluyente de la provincia de Santa Fe. De hecho allí radica justamente uno de los inconvenientes más grandes que tenemos: la narcocriminalidad es un problema que afecta a la Argentina y a la región. Desde este lugar, la responsabilidad que le cabe a la Justicia Federal y al gobierno nacional es igual de relevante. La justicia federal ha dado probadas muestras de su ineficacia para perseguir y sancionar a los responsables de estos delitos. La política criminal en esta materia ha sido ineficiente, por no decir que ha estado en connivencia permitiendo el crecimiento del mercado de drogas en el país.
No tener una mirada federal del problema implica aceptar el fracaso de todo intento. Para desbaratar las redes criminales que operan en el país, se necesita de una política criminal inteligente y estratégica que pueda afectar el corazón del mercado. Las iniciativas de tipificación del tráfico de precursores químicos, y los proyectos –aunque mejorables- de extinción de dominio tienen por fin contribuir a ello. Sin embargo, mientras continuemos con una justicia federal amparada en un sistema inquisitorial, ineficaz y poco transparente, difícilmente podamos esperar mejores resultados. En este sentido, es realmente preocupante la postergación de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Del mismo modo, no podemos seguir teniendo organismos de control como el Registro Nacional de Precursores Químicos, que no cumplen acabadamente con su función. No podemos continuar bajo este esquema: el caso de la efedrina dejó al descubierto la ineficacia del sistema de control.
La ley de seguridad interior 24.059 habilita al uso de las fuerzas de seguridad federales en aquellos casos o situaciones en las que estén en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada. La exigencia que allí se vierte da cuenta del pedido expreso por parte del Gobernador de la provincia. La ley refleja, en este sentido, un espíritu colaboracionista de trabajo conjunto entre ambos gobiernos. Hablamos, vale recordar, de situaciones en las que esté en juego la vida y la libertad de la sociedad.
En este sentido, nadie discutiría que la situación de la provincia de Santa Fe bien se enmarca en estas descripciones. La ley nada dice de exigencias por fuera de estos elementos. Desde este lugar, resultaba realmente incomprensible el tenor del acuerdo sugerido la semana pasada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en relación con los requerimientos que allí se sostenían al respecto. El control sobre el funcionamiento de las fuerzas provinciales es exclusivo y excluyente del gobierno de la provincia de Santa Fe. La evaluación de la política de seguridad de la provincia también es responsabilidad de todos los actores del gobierno santafesino y de la propia ciudadanía.
El Estado Nacional no tiene potestad para arrogarse ese control. De esta manera, la gravedad del tema requiere un abordaje serio y responsable por parte de todos los actores involucrados. Las denuncias cruzadas en nada ayudan a mejorar la vida de los santafesinos. No podemos permitir que lo más mezquino de la política triunfe en estos escenarios. Necesitamos la colaboración del gobierno nacional: Santa Fe necesita que las fuerzas federales colaboren con la seguridad de la provincia. Hablamos de colaboración, de construcción conjunta. Hacia allí deben estar orientados nuestros esfuerzos, no podemos seguir teniendo como rehén a la sociedad de Santa Fe. La seriedad del tema, la preocupación y la angustia que produce en enormes sectores de la población exigen de nosotros respuestas serias y efectivas.
