Al tiempo que los docentes públicos y privados comienzan hoy el segundo paro de 48 horas en dos semanas consecutivas en demanda de una reducción de la edad jubilatoria, el diputado provincial del Frente Progresista Raúl Lamberto aclaró ayer que los legisladores socialistas respaldaron en 2005 una propuesta que contemplaba el actual reclamo de los maestros, aunque en una coyuntura "muy distinta" porque "se vivían tiempos de emergencia, sobre todo en el sistema previsional". Negó, de ese modo, contradicciones en el discurso oficial.

Un informe publicado en la edición de ayer de La Capital reflejó que en 2005 había dos proyectos en danza. Uno, que propuso el Ejecutivo, logró bajar la edad a 57 y 60 años para el régimen opcional docente. Fue votado por 26 legisladores del oficialismo y es el que rige actualmente.

El otro proyecto, que se discutió en esa sesión de septiembre de 2005 en la Cámara baja, fue el de la entonces diputada del ARI Verónica Benas. Proponía una jubilación ordinaria a los afiliados docentes que acreditaran 25 años de servicios efectivos con aportes, de los cuales 20 hayan sido desempeñados como maestros (en cualquier cargo, nivel y modalidad), y 53 años de edad para mujeres y 58 para varones.

Lamberto recordó que la sesión legislativa de septiembre de 2005 ocurrió "en una coyuntura muy distinta a la actual, en la que todavía se vivían tiempos de emergencia, sobre todo en el sistema previsional".

"Como integrantes de la oposición firmamos un dictamen en minoría que nunca fue votado. Al momento de la decisión sólo se aprobó el dictamen propuesto por la entonces mayoría parlamentaria, oficialista", señaló.

También rememoró que el debate previo a la sanción se centró en cuatro iniciativas: dos del Ejecutivo, una del justicialismo y la restante del ARI. Todas pasaron por el tamiz de las comisiones correspondientes y se aprobó, con dictamen de mayoría, el proyecto del PJ.

Lamberto indicó que ese dictamen de la comisión de Presupuesto "pretendía la modificación de la ley y establecía un haber jubilatorio ordinario en el equivalente al 72 por ciento móvil del promedio mensual de la suma de las remuneraciones actualizadas".

El dictamen fue firmado por diputados del partido gobernante, por entonces (PJ), como también el que surgió de su paso por Asuntos Constitucionales. El dictamen en minoría, que fue firmado en Presupuesto por los diputados Alfredo Cecchi, Antonio Riestra, Sergio Liberati, Hugo Marcucci y Daniela Qüesta, "establecía —a diferencia del otro— la modificación de artículos de la ley Nº 11.373, por lo cual recobrarían vigencia determinados postulados de la ley 6.915".

También creaba una comisión para estudiar un nuevo sistema de seguridad social y establecía como norma transitoria que los montos de los beneficios otorgados bajo la vigencia de la ley 11.373 no podían ser inferiores al 82 por ciento móvil.

Ese despacho, al llegar a Asuntos Constitucionales, también fue firmado en minoría por los diputados provinciales Santiago Mascheroni, Federico Pezz, Benas y Liberati.

"Pretendíamos restablecer la ley 6.915 mientras se resolvía en una comisión creada a ese efecto un nuevo sistema. Consta en la versión taquigráfica que no existía un cálculo actuarial que respaldara cualquier tipo de modificación al esquema de seguridad social", indicó Lamberto.

Por eso, alertó que "la iniciativa original de Aldo Strada, Alicia Gutiérrez, Benas y Riestra (ARI) disparó el debate en una realidad absolutamente diferente a la actual".

"Recién salíamos de la tremenda crisis de 2001. Tampoco hay que olvidar que la base imponible para abonar los haberes previsionales sólo incluía la parte considerada como remunerativa", concluyó el diputado.

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