La decisión, que ya genera una fuerte reacción en el ámbito académico y sindical, se produjo en un contexto de creciente tensión política: con la interna oficialista al rojo vivo y la suba del dólar tras las elecciones bonaerenses.

La respuesta de los gremios universitarios no se hizo esperar. Tal como habían anticipado, confirmaron medidas de fuerza y convocaron a una nueva marcha federal universitaria en repudio al veto presidencial.

Tanto los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) como los no docentes, informaron acciones de alcance nacional con impacto directo en Santa Fe, con fecha aún por confirmar.

Qué dice la ley vetada

El proyecto de ley, aprobado por el Senado el pasado 22 de agosto, proponía actualizar las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, considerando la inflación acumulada en 2023 y 2024. Para este año, además, se preveía una actualización bimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con actualizaciones mensuales posteriores en función del IPC.

En octubre de 2024, Milei ya había vetado una ley de características similares.