Los transportistas agrupados en la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad se vieron obligados a tomar una drástica medida: el cese involuntario del servicio que brindan. El motivo: el contexto inflacionario que vive el país y la no actualización del arancel que reciben desde el gobierno nacional por trasladar a personas con alguna discapacidad.

Mariano Perini preside la organización que en el Departamento La Capital agrupa a 50 transportistas y a unos 250 en toda la provincia de Santa Fe. Consultado por El Litoral, dijo que dejaron de realizar los traslados de personas discapacitadas “porque ya es imposible brindar el servicio”.

Aclaró que no se trata de una medida de fuerza sino de un “cese involuntario de la actividad” y explicó que en el último mes del año los costos para brindar el servicio se fueron por las nubes.

“Nuestra actividad está regulada por el gobierno nacional. En el mes de noviembre, a los transportistas de personas con discapacidad nos pagaban 250 pesos el kilómetro con un combustible que estaba a 320 pesos. Estábamos 70 pesos por debajo. Pero bueno, continuamos trabajando esperanzados de que se iban a acomodar un poco las cosas, que se iba a actualizar el arancel de los 250 pesos… Eso ocurrió y de hecho ya estaba pactado: de 250 pesos nos empezaron a pagar 272 pesos el kilómetro. Pero el combustible subió, y siguió subiendo…”, manifestó Mariano Perini. Y agregó: “Hoy estamos en 1.040 pesos el precio del litro de Gasoil Ultra que es el que usan nuestras unidades. No nos dan los costos”.

Para que se entienda: lo que los transportistas de personas con discapacidad plantean es que hoy, brindar el servicio de traslado desde la casa de la persona hasta un centro de día o una institución y viceversa les representa tener que pagar de su bolsillo la prestación que brindan.

Consultado sobre cuál sería la solución, el dirigente indicó que como primera medida debe subir el arancel de 272 pesos por cada kilómetro recorrido a por lo menos 800 pesos. “Nunca se toma como valor de referencia el costo del gasoil. El gobierno nacional fija el monto en base a otras variables, pero nunca lo hizo teniendo en cuenta el costo del combustible”, explicó.

Familias y personas en el medio

El servicio que brindan los transportistas es esencial porque trasladan a personas que no pueden ser movilizadas en cualquier tipo de vehículo o directamente no cuentan con ningún medio.

Según pudo saber El Litoral, durante el 2023 cerca de 1500 familias requirieron de este servicio en la capital provincial. En la provincia, el número ascendería a unas 20 mil familias.

“No hay manera de poder brindar el servicio. La situación es catastrófica. Hay cuestiones de personas que están en diálisis y deben afrontar el traslado de sus bolsillos. Pero la verdad que son contados con los dedos de una mano”, dijo Perini.

Por último, sobre la injerencia en este tema de las nuevas autoridades del gobierno provincial, refirió que tuvieron una primera reunión ayer para informarles sobre la situación y analizar posibles alternativas de no mediar Nación a la brevedad. “El Ministerio de Salud está esperando definiciones nacionales, sobre todo porque hasta hace una semana la Agencia de Discapacidad Nacional estaba acéfala de autoridades. Veremos qué pasa”, finalizó.

Fuente Diario El Litoral.-