En 2023, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca condenó a Juan Suris a la pena única de ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita fiscal, en carácter de jefe, y por comercio de drogas agravado. Ahora, el financista Juan Suris fue sentenciado a otros dos años de prisión por el delito de cohecho activo: pagó para ser un “preso VIP” mientras estuvo alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) en Santa Fe.
Así se desprende de una sentencia firmada por el juez José María Escobar Cello, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe.
En noviembre de 2023, Suris fue capturado en la ciudad de Esperanza y trasladado a la sede de la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la PFA, a disposición del TOF de Bahía Blanca, que había ordenado su detención.
A cambio de dinero, recibió ciertos beneficios que no tuvieron otros presos alojados en la misma dependencia. Pasó a ser un interno VIP. Tal era su nivel y libertad de movimiento dentro de la dependencia que le decían “tercer jefe” o “tercer comandante”.
Suris no fue el único condenado. El comisario Guillermo Gallo y el subcomisario Leonardo Benítez, jefe y subjefe de la dependencia en el momento de los hechos investigados, fueron sentenciados a penas de dos años de prisión en suspenso y tres de cumpliento efectivo, respectivamente. Además, ambos fueron inhabilitados de manera perpetua.
“La prueba testimonial obrante en autos confirma que Benítez le facilitaba a Suris comodidades y privilegios de los que no gozaba ninguno de los internos que se encontraban alojados en la dependencia y que el detenido disponía a su voluntad tanto de las instalaciones de la DUOF Santa Fe como del servicio de sus agentes, prerrogativas que le habían sido concedidas y mantenidas en el tiempo por decisión del subcomisario, a tal punto que era referido por los agentes de la dependencia como ‘el tercer comandante’, expresión demostrativa del rol que le permitieron ejercer”, explicó el magistrado en la sentencia del juicio abreviado.
“Otro de los beneficios con los que contó el imputado Suris fue el de estar alojado en el Casino de Oficiales de la dependencia policial. En este punto cabe resaltar que dicho espacio no se encuentra acondicionado para resguardar detenidos, sin perjuicio de lo cual, conforme la declaración testimonial prestada por el cabo Rodrigo Ismael Guzmán, “Suris se alojó ahí cuando ingresó; luego vino una orden de Rosario, a los superiores no les gustó esto y lo mandaron al calabozo del fondo, con el resto. Luego, si bien estaba en el calabozo normal con el resto, se pasaban todo el día en el Casino de Oficiales, recibiendo visitas, en reuniones con Benítez. Esto hasta cualquier hora de la noche”, reza el fallo.
Según otros testimonios, Suris utilizaba el Casino de Oficiales a “su merced”, situación que generó un gran malestar entre los policías “porque tenían que esperar a que él desocupara el lugar para seguir con sus tareas”.
La investigación de esta coima comenzó el 22 de enero de 2024 con una llamada anónima recibida en la Fiscalía Federal N°2 de Rosario en la que se informó que Suris habría pagado “los días sábados grandes cantidades de dinero –en pesos y dólares- al comisario Gallo y al subcomisario Benítez –siendo éste quien recibía los pagos–, para obtener beneficios como salir libremente por la dependencia, tener visitas de conocidos en diferentes momentos, utilizar teléfonos celulares, tener visitas higiénicas [relaciones sexuales] y estar durante el día en el sector conocido como Casino de Oficiales“.Finalmente, poco más de dos años después, el comisario Gallo fue encontrado culpable de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Benítez fue condenado por los delitos de cohecho pasivo, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez Escobar Cello afirmó: “Se acreditó que Suris gozó de un régimen de detención privilegiado que incluía la tenencia y uso discrecional de dispositivos electrónicos y electrodomésticos; la libre utilización de las instalaciones y el desvío de los servicios del personal policial para fines estrictamente personales; el empleo de agentes de la institución para la realización de mandados y gestiones particulares por orden directa de la superioridad; la disponibilidad de numerarios y el uso irrestricto de telefonía móvil; un régimen de visitas ajeno a todo control de horarios o registros oficiales; la permanencia diaria en el sector denominado Casino de Oficiales, situación que denotaba una comodidad y trato preferencial que distaba ostensiblemente del resto de la población allí alojada”.El magistrado sostuvo que quedó probado “fehacientemente” que Benítez y Gallo “impartieron a sus subalternos directivas palmariamente contrarias a los reglamentos internos que rigen la fuerza. En ejercicio de sus funciones, ambos omitieron deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones legales inherentes al resguardo y custodia de personas privadas de libertad, desnaturalizando la jerarquía y los fines de la institución policial”.
Una cuarta condenada
Mariana Martínez, la entrerriana que articulaba el ingreso del dinero y víveres desde afuera, firmó una suspensión de juicio a prueba, que implica realizar una donación y tareas comunitarias a un comedor municipal de su ciudad.
La mujer se comprometió a donar 100 litros de leche por mes y a realizar tareas comunitarias de 8 horas mensuales en un comedor municipal de la ciudad de Victoria, durante un año, como reparación del daño causado.
Fuente La Nación / El Litoral.