Diputados objetan auditoría que avaló la rescisión consensuada con ARSSA

Polémica con la empresa que explotaba la autopista Santa Fe - Rosario

Legisladores del PJ presentaron un pedido de informes y requirieron que el Poder Ejecutivo remita el informe jurídico y técnico encomendado a profesionales contratados por el Ministerio de Infraestructura. Insisten en que la provincia tuvo un perjuicio de más de 1.500 millones de pesos.

La decisión del Poder Ejecutivo provincial de terminar de manera consensuada y “sin culpas ni cargos” para ninguna de las partes el contrato de concesión de la autopista Santa Fe-Rosario con Arssa, ya repercutió en la Legislatura. Como revelara El Litoral, mediante el decreto Nº 90, el gobernador Miguel Lifschitz ratificó la “extinción de mutuo acuerdo” del vínculo con la empresa, sobre la base de los resultados de una auditoría encomendada a un estudio jurídico -Cassagne Abogados- y a un ingeniero civil -Miguel Gueydan- que compartió los argumentos del gobierno, y justificó la figura jurídica utilizada para terminar la relación con la concesionaria.

En la sesión del último jueves, diputados justicialistas ingresaron un pedido de informes sobre el tema que, según se acordó, sería tratado con preferencia la próxima semana. En diálogo con El Litoral, el diputado Roberto Mirabella, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo que aspiran a que el Poder Ejecutivo remita al cuerpo tanto el dictamen de Fiscalía de Estado que refrendó los estudios de los profesionales contratados, como la copia completa del informe de auditoría..

Demasiada diferencia

“Aquí, la provincia contrató a dos consultoras de manera directa y eso nos costó más de 1,7 millones de pesos a los santafesinos en concepto de honorarios, para que digan lo que ellos (los funcionarios del gobierno) querían escuchar; que acá no pasó nada y que nadie le debe nada a nadie”, advirtió el legislador. Y consideró innecesaria dicha contratación, puesto que ya existían informes técnicos previos de la Universidad Nacional de Rosario sobre todas las actuaciones. “Existían esos informes de la Facultad de hace un año, donde se establecía que había un perjuicio claro para la provincia en términos económicos, de más de 1.500 millones de pesos. Con lo cual, hay una diferencia tan abrumadora entre ese monto y decir que ninguna de las partes le debe nada a la otra, que ello nos obliga a pedir la copia de la auditoría que fundamentó la firma de este decreto. Un decreto, por otra parte, totalmente fuera de término, porque cuando se ordenó la revisión del contrato en abril de 2017 se estipuló un plazo de seis meses; pasó casi un año”, alertó.

Sospechas

Mirabella puso en tela de juicio “la imparcialidad” de los estudios contratados, puesto que dicha elección se realizó mediante contratación directa. “Eso genera dudas, porque el informe de la universidad -insistió- decía totalmente otra cosa, entonces genera cuanto menos dudas y sospechas. Por eso pedimos que nos remitan todas las actuaciones, porque no puede haber una diferencia tan grande en el resultado; puede haber una oscilación de unos miles de pesos, ahora, si la diferencia es de 1.500 millones es porque algo no está bien”.

Finalmente, rechazó la hipótesis de que el proceso se cierre “sin culpa” para las partes involucradas. “Acá hay una distancia enorme entre un informe y otro, y le creo más al estudio de auditoría que hizo la universidad. De todos modos, vamos a cotejarlo y vamos a ver qué hicieron estas consultoras, porque el decreto 90 que firmó el gobernador dando por concluida la revisión, no incluye el informe. En los considerandos se hace mención a él, pero sólo de manera fragmentada”, concluyó.

 

El Litoral

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